Artículo 155
de la Constitución Española prevé situaciones
como las que se
vienen produciendo en Cataluña desde
que el 6 de Septiembre
el Gobierno de la
Generalidad diese un golpe
de Estado contra el estatuto de
autonomía, contra la democracia constitucional, contra el
Estado de Derecho y contra la
soberanía del pueblo español.
El 22
de Mayo de
2017 -en un
acto pro secesionista organizado
por el Ayuntamiento de la capital
de España-, Carles
Puigdemont, anunció su decisión
irrevocable de celebrar en
otoño un referéndum como paso
previo que justifique la
inmediata proclamación de una
Republica catalana, soberana e independiente de
España. Tal y
como así ha sucedido finalmente.
Hace de esto poco más de
155 días. Durante
este lapso de
tiempo hemos asistido a
un proceso sedicioso que ha
dañado irremisiblemente la
convivencia, la seguridad jurídica
y la recuperación económica de
Cataluña. Previsiblemente la fractura
social y la
diáspora de empresas son un
daño extremadamente difícil
de superar, y en
las próximas décadas
en Cataluña se perderá
empleo y menguara
el bienestar de los
catalanes.
Los daños,
pues, no son
solo, lo cual ya
sería inaceptable, de
carácter legal y político,
sino mucho más extensos
y duraderos de lo
que la sola
aplicación del Artículo 155
puede curar. Unos daños completamente innecesarios,
que no se habrían
producido si se
hubiera aplicado la
Constitución cuando los
hechos lo reclamaban. Se
ha aplicado tarde.
Tal vez 155 días
más tarde de lo
que en cualquier país democrático
de nuestro entorno
se habría hecho.
Pero esa
negligente tardanza no
sólo deja un rastro
de daños sociales,
económicos y afectivos de difícil
cura, sino que
ha creado un problema
político sobredimensionado. Es un error plantear, en
la aplicación del
155, la convocatoria de
elecciones en Cataluña en
el plazo máximo de seis
meses. Nadie nos puede
asegurar que en
2018 la mitad de
los catalanes, espoleados
por una temeraria e
irresponsable clase política, mantendrán la
tensión en todos los frentes, ahondando el
daño económico, social
y personal. Y ¿después
qué?
La aplicación
del Artículo 155
hace 155 días habría cortado
de raíz toda
esta dinámica demencial. Habría
servido para dejar meridianamente clara
la unidad nacional
de España consagrada en la
Constitución y, lo que
es más importante,
en la voluntad mayoritaria del conjunto
de ciudadanos que integramos el
pueblo español.
Una intervención
a tiempo, podría
haber evitado muchos de
estos daños innecesarios y habría permitido, desde
la firmeza del Estado
de Derecho, abordar
una racionalización del Estado
de las Autonomías sustanciada
en la descentralización administrativa de
los servicios al ciudadano, sin duplicidades
legislativas, ni confusiones sobre la soberanía nacional
de España.
Los culpables
de la situación
actual y del daño
causado a Cataluña
y a España
son los miembros del Gobierno
de la Generalidad con su demencial
intentona secesionista. Pero los máximos
responsables políticos son los
Gobierno de España
que han incurrido en
dejación de funciones, hasta hoy.
Y también serán
responsables de daños irreversibles
que se produzcan en el futuro si
no se aborda
una reforma profunda del
Estado de las
Autonomías para que deje de
ser una
incubadora de secesionismo.
Presidente Nacional
de “NOSOTROS”, Partido de
la Regeneración Social
Óscar Bermán
En Barcelona,
a veintidós de
Octubre de 2017
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